Aunque parezca mentira, el estándar de oro internacional para investigar muertes potencialmente ilegales cuando se sospecha la implicación del Estado se llama el "Protocolo de Minnesota". Se llama así porque fue desarrollado por el Comité Internacional de Derechos Humanos de Minnesota Lawyers, en una época muy diferente y más humana (los años 90). El protocolo se basa en el principio de que el derecho a la vida carece de sentido si no existe la obligación de que el Estado investigue cuándo se le quita esa vida. Garantiza que cuando alguien muere por la policía, el ejército o bajo custodia estatal, exista un camino claro y objetivo para descubrir la verdad y responsabilizar a los responsables. Básicamente es un manual sobre cuándo y cómo llevar a cabo esas investigaciones. Para que una investigación sea creíble, el protocolo exige cuatro pilares clave: debe ser independiente (sin "policías que se autoinvestiguen"), rápida (comenzando antes de que se pierdan pruebas), eficaz (una búsqueda genuina de la verdad, no solo cumplir con el trámite) y transparente (mantener informadas a la familia de la víctima y al público). Técnicamente, el protocolo es un manual completo para forense y derecho. Contiene directrices detalladas sobre la gestión de la escena del crimen, recogida de pruebas digitales y autopsias forenses, como el seguimiento de las trayectorias de las balas para demostrar si una víctima fue disparada durante la entrega. Incluso incluye procedimientos especializados para proteger a los testigos de represalias estatales.

Puedes obtener más información aquí (la última versión se publicó en 2016 y fue adoptada por la ONU).