Debido a la reforma de la fianza, los criminales más peligrosos están en Rikers. Los alcaldes no deciden quién está encarcelado en Rikers, los jueces lo hacen. Dejar que 3,000 personas peligrosas regresen a las comunidades de las que se aprovecharon es imprudente y muestra un total desprecio por los residentes de esas comunidades.