Debido a la reforma de la fianza, los criminales más peligrosos están en Rikers. Los alcaldes no deciden quién está encarcelado en Rikers, lo hacen los jueces. Permitir que 3.000 personas peligrosas regresen a las comunidades de las que se aprovecharon es imprudente y muestra un total desprecio por los residentes de esas comunidades.